El proyecto de ley denominado “ómnibus”, que se trata en el Congreso, plantea la posibilidad de adaptar mecanismos alternativos para la solución de controversias, una visión que la Bolsa de Comercio de Rosario viene apoyando a través de su Tribunal de Arbitraje General. Concretamente, la iniciativa del Poder Ejecutivo plantea la posibilidad de adaptar mecanismos alternativos para la solución de controversias, lo que desde la institución local se ve con buenos ojos.
“El Artículo 29 del proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a establecer mecanismos de conciliación, avenimiento y/o arbitraje, tanto en la República Argentina como en el exterior. Esta disposición moderniza la legislación, alineándose con las prácticas internacionales”, sostienen desde la Bolsa.
Es que, de acuerdo a lo explicado, el objetivo principal es ofrecer a los inversores una alternativa para la resolución de disputas, evitando así la necesidad de recurrir a la Justicia ordinaria.
En la actualidad, la Ley 27449, del año 2018, regula el procedimiento arbitral en conflictos comerciales internacionales cuando la sede del arbitraje está en Argentina. Sin embargo, la normativa no cubre los casos en los que participa la Administración Pública Nacional. Ahora, con la inclusión del Artículo 29 en el proyecto de ley, “se busca cerrar esta brecha legal, permitiendo al Estado actuar como una entidad de derecho privado en procesos de arbitraje”, indican en la BCR, que “aboga por este tipo de mecanismos”.
Cabe recordar que el Tribunal de Arbitraje General (TAG) de la Bolsa es un servicio de justicia alternativa que se ha distinguido por su eficiencia y eficacia en la resolución de conflictos comerciales, superando a menudo a la Justicia ordinaria en estos aspectos. “El TAG no busca competir con la justicia ordinaria, sino que la complementa y alivia su carga”, apuntan.
Una de las ventajas más significativas del TAG es su rapidez en la resolución de conflictos, a diferencia de los procesos judiciales tradicionales, que pueden prolongarse durante años. A su vez, su funcionamiento se basa en la voluntad de las partes para resolver sus diferencias a través de la negociación y el acuerdo temprano, utilizando cláusulas compromisorias previamente acordadas en sus contratos o acuerdos comerciales.
Otra ventaja clave del TAG es la especialización de sus árbitros, que poseen conocimientos específicos en el área del conflicto, garantizando así decisiones más informadas y precisas.
