El futuro a corto plazo: principales indicadores, tasas de financiamiento y los hechos más importante de los mercados para tener en cuenta

La unidad de negocios del Grupo Transatlántica, TSA Bursátil, realizó un pormenorizado informe sobre la situación económico-financiera argentina y detalló cómo se desarrolló el mercado ante el primer mes de gestión de Javier Milei.

El último informe de mercado elaborado por TSA Bursátil, muestra los principales indicadores, las tasas de financiamiento, un resumen de los hechos más importante de los mercados durante el mes pasado y la mirada de los expertos de TSA Bursátil sobre el futuro a corto plazo.

Entre los temas más destacados del estudio figura:

  • El BCRA finalizó diciembre con compras netas en el MULC por USD 2.085 millones, destacándose la sólida acumulación lograda a partir de la asunción de la nueva gestión y la devaluación del tipo de cambio anunciada el 12 de diciembre. Estos números se explican, también, por una mejora en la liquidación de los exportadores de cereales y oleaginosas, totalizando USD 1.245 millones durante el último mes de 2023, según CIARA-CEC. El acumulado anual en el ingreso de divisas de agroexportadores presentó una caída de -66%, llevando a una pérdida de aproximadamente USD 20.700 millones respecto a 2022. A partir de los saldos recientemente acumulados por la autoridad monetaria, algunas fuentes mencionan que se habría asegurado el pago a bonistas en enero, restando manejar el vencimiento con el FMI cercano a USD 1.900 millones.
  • De acuerdo a Alphacast, el registro de alta frecuencia para la inflación de diciembre arrojó una variación mensual de +28,3%, presionada por el aumento en alimentos. Este guarismo estaría en línea con otras consultoras privadas, que estiman un avance de precios entre +25% y +30%. La incógnita pasa por los meses siguientes, con analistas descontando que enero presentará una cifra similar y a partir de febrero podría verse una desaceleración en los registros mensuales. Las expectativas han llevado a que los títulos ajustables por el coeficiente CER sean de los más demandados, promediando subas de +58% durante el mes pasado, en contraposición a los títulos dollar-linked que avanzaron +33% aproximadamente. Sin embargo, las elevadas paridades alcanzadas por los Boncer tienen como contracara rendimientos reales en terreno fuertemente negativo.
  • En Estados Unidos los mercados festejaron que la economía evite una recesión durante 2023, elevando las valuaciones de los activos de riesgo. Los 3 principales índices de renta variable mostraron una gran performance durante el año, contrario a las expectativas que se tenían sobre fines de 2022. El S&P 500 y el Nasdaq Composite acumularon subas de +24% y +43%, mientras que el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico al revalorizarse +14%. A pesar de ello, analistas se mantienen cautelosos por el devenir de la economía en los próximos meses, llamando a la selectividad a la hora de elegir los activos para inversión. El comienzo de la temporada de balances corporativos, a partir del 12 de enero, probablemente de indicios sobre el estado de las compañías, en un momento donde la relación entre las cotizaciones de las acciones respecto a las ganancias esperadas está por arriba de su promedio de 5 y 10 años.

El 12 de diciembre el ministro Luis Caputo anunció una batería de medidas económicas. Entre ellas, se encontró una devaluación del “A” 3500 hasta los $800 por dólar, continuado de un esquema de crawling peg a 2% mensual. A partir de este ajuste, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL (AL30) ha promediado 20%, por debajo de la media del 2022 y 2023. Estos niveles mínimos son sólo comparables a los que había sobre finales de 2019, al inicio de la gestión de Alberto Fernández. 

El domingo 10 de diciembre Javier Milei asumió como presidente de la República Argentina. En un discurso en las escalinatas del Congreso aseguró que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor” y advirtió que no había “alternativa posible al ajuste ni al shock”. Sin embargo, no fue hasta el martes 12 que Luis Caputo, elegido para comandar la cartera económica, comunicó las primeras medidas.

El ministro hizo hincapié en el déficit fiscal como origen de la problemática económica de Argentina y anunció reducciones en los subsidios a la energía y el transporte, obra pública y transferencias discrecionales a provincias. A su vez, se fijó el tipo de cambio oficial en $800, acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer que, a partir de la devaluación, el tipo de cambio se deslizaría a un ritmo de +2,0% mensual en el corto plazo que, según analistas, permitirá anclar expectativas y alentar la liquidación de divisas. Asimismo, por medio del Decreto 28/2023, se oficializó un nuevo Programa de Incremento Exportador, estableciendo que las ventas al exterior se liquidarán 80% al dólar oficial y 20% al Contado con Liquidación. Estas primeras medidas permitieron que el BCRA lograra iniciar una racha compradora de Reservas Internacionales (RRII). Sin bien se trata de una noticia positiva, los USD 1.305 M acumulados en diciembre, hasta el día 26, lucen acotados en relación a los USD 5.536 M adquiridos en el mismo período del 2022.

La contracara de estas medidas es, naturalmente, un recrudecimiento de la inflación. Entre las estimaciones privadas, desde la consultora EcoGo proyectaron que la inflación de alimentos consumidos en el hogar de la segunda y tercera semana de diciembre se habría ubicado en +10,4% y +11,3%. Además, anticiparon que en diciembre estos precios avanzarían +35,3%. De esta manera, si se considera la evolución de los alimentos consumidos fuera del hogar (33%), la inflación en alimentos alcanzaría +34,9%.

La dinámica en los precios repercutirá en la competitividad cambiaria y seguramente atentará con el objetivo, recientemente ratificado del BCRA, de mantener el deslizamiento del tipo de cambio oficial en sus niveles objetivo

Esta dinámica en los precios repercutirá en la competitividad cambiaria y seguramente atentará con el objetivo, recientemente ratificado del BCRA, de mantener el deslizamiento del tipo de cambio oficial en sus niveles objetivo. Concretamente, si se materializasen niveles de inflación de +35,0%, +30,0% y +25,0% de diciembre a febrero, se retornaría a niveles de tipo de cambio real multilateral, prácticamente similares a aquellos previos a la devaluación del último mes. Esto introduce dudas acerca de la sostenibilidad del régimen cambiario planteado y, en consecuencia, en los posicionamientos en activos financieros.

Históricamente la estacionalidad del mercado de cambios ha jugado a favor del BCRA en el primer trimestre de cada año, con un saldo promedio en los últimos 20 (excluyendo aquellos con sequía) de aproximadamente USD 1.300 M, pero no debería ignorarse que las liquidaciones de divisas de parte de los agroexportadores efectivamente han mostrado sensibilidad a los incentivos de tipo de cambio. Con esto, el gobierno tendrá 3 alternativas: volver a devaluar; introducir incentivos de tipo de cambio diferenciales; o lograr una mejora tal de las RRII netas (a través de financiamiento externo, por ejemplo) que el mercado comience a percibir que el tipo de cambio real de equilibrio es más bajo.

El gobierno no tomó solamente medidas en el frente cambiario. El Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán hasta el 31 de enero, con el Decreto 76/2023 publicado en el Boletín Oficial. Se tratará un temario de 11 proyectos de ley, entre los que se incluye el DNU de Reforma del Estado (70/2023), que deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo vía mayoría absoluta y, en caso de que ambas Cámaras lo rechazan, perderá validez de forma permanente.

Por último, el gobierno envió al Congreso un proyecto de “Ley Ómnibus” de reforma del Estado, que incluye la privatización de empresas públicas, blanqueo de capitales, cambios en el sistema electoral y en el sistema de jubilaciones y pensiones. Además, prevé declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

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