La discusión acerca de la habilitación de Uber en Rosario parece no encontrar fin. Hoy tuvo lugar una nueva reunión de la comisión de Servicios Públicos en la que se definió un esquema de audiencias que comenzará el próximo 7 de agosto, en las que participarán referentes del sector. Por otro lado, el Concejo debate algunos proyectos de ordenanza que no regularían a la multinacional en particular, pero exigirían a los choferes de taxis y remises a contar con al menos una aplicación de transporte.
Por un lado, se encuentra la alternativa propuesta por las concejales Verónica Irizar, Mónica Ferrero y Susana Rueda. La misma establece la autorización a la operación de Plataformas Electrónicas de Transporte, con algunas salvedades.
Entre las principales exigencias de la ordenanza, se plantea la obligatoriedad de que la empresa prestadora deberá contar con un representante con residencia permanente en Rosario, la provisión de información y estadísticas al Ente de la Movilidad Rosario y la obligación para taxis y remises de contar con al menos un servicio de Plataforma Electrónica de Transporte previamente habilitado y registrado.
Así mismo, el proyecto establece sanciones por incumplimiento de la norma. Las mismas pueden ser hasta dos años de suspensión de la plataforma o su inhabilitación definitiva.
Por otro lado, los ediles Miguel Ángel Tessandori y Valeria Schvartz presentaron otra alternativa. Según su proyecto, Uber debería priorizar en su búsqueda al taxi más cercano para asignarlo y, luego, dar prioridad a los remises. Bajo este sistema, los conductores eventuales quedarían en el último lugar.
Además, establecería el pago mensual de una tasa del 2% de los ingresos por viajes realizados desde o hacia Rosario. Este dinero se destinaría para un fondo especial del Transporte Urbano de Pasajeros.
