El Concejo Municipal de Rosario aprobó en su última sesión del 1° de junio la incorporación de farmacias y droguerías a la ordenanza antilavado 10.370. Esta modificación llega luego de reuniones con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 2° Circunscripción, quienes advirtieron el surgimiento de grandes negocios y pusieron en duda su legalidad, ya que, por ley nacional, el propietario de una farmacia es sólo el farmacéutico y no se aceptan sociedades anónimas u otro tipo de sociedades.
Concretamente se agregó al inciso K del Artículo 4 (el cual define los rubros a investigar por la oficina antilavado), droguerías y farmacias, “cuando en el plan de inversiones del proyecto se prevea una inversión igual o superior a dos veces la suma establecida en el artículo 67º de la Ordenanza de Contabilidad, por la que el Departamento Ejecutivo procede al llamado a licitación pública”, reza el proyecto aprobado y de autoría de Susana Rueda.
Pasando en limpio, cualquier inversión en farmacias y droguerías que supere los 12 millones de pesos a partir del jueves primero de junio estará bajo la lupa de la oficina municipal, encargada de evitar lavado de dinero a raíz de negocios irregulares.
“Según el Colegio de Farmacéuticos una inversión de ese tamaño sirve para abrir un comercio mediano, por lo que cualquier proyecto que lo supere, el municipio deberá exigir mayor documentación para justificar el origen de los fondos”, explicó Rueda tras la aprobación sobre tablas.
En la reunión previa a la sesión, el prosecretario del Colegio de Farmacéuticos, Leonardo Jurado, afirmó la existencia de “falsa propiedad” cuando “un profesional dice que es de él ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero no tiene cómo demostrar las inversiones que hizo”. En este sentido, Claudia Varela, presidente de la entidad, explicó: “al titular de una farmacia se lo habilita a comprar drogas legales, como la efedrina, que en otras condiciones se transforma en ilegal”.
Por su parte Rueda apuntó: “Cuando el año pasado discutimos la ordenanza 10.370, sobre sistema de control económico financiero de inversiones en la ciudad, esta problemática no había sido señalada. Creemos fundamental que lo incorporemos a fin de detectar y prevenir operaciones que puedan propiciar el lavado de dinero de actividades ilegales. El objetivo de este tipo de controles es generar siempre mayor transparencia en las inversiones, sobre todo en un rubro tan delicado, desalentar maniobras que puedan rozar lo delictivo y colaborar con la protección de los derechos de los farmacéuticos matriculados que quieren trabajar bajo el amparo de la ley”.
“Sabemos que una de las patas del accionar de las bandas criminales es a través del lavado de activos en variados rubros de la economía local, y esto ha quedado públicamente expuesto a través de distintas investigaciones judiciales que lo corroboraron”, señaló Susana Rueda, autora de la iniciativa.
