La Mesa de Carbono Forestal Nacional – MCFN – presenta oficialmente su documento “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en Argentina” que tiene como objetivo aportar y enriquecer a la discusión para la construcción de las condiciones que permitan el desarrollo y fortalecimiento de los mercados de carbono en el país. Conformada actualmente por más de 30 empresas, es la entidad más representativa a nivel nacional y la que sienta las bases para impulsar este negocio en todo el país y en la región.
Argentina tiene hoy una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de los mercados de carbono, los cuales crecen rápidamente a nivel regional y global, generando un impacto ambiental, social y económico muy importante. “A pesar de que se han hecho avances a nivel internacional en acordar las reglas para los mercados de carbono, en nuestro país aún hay muchas incertidumbres para que se desarrolle un mercado que sea atractivo y confiable para el desarrollo de este tipo de proyectos” explica Juan Pedro Cano, Coordinador General de la Mesa.
“Observamos que el contexto argentino dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados, créditos o bonos de carbono que dichos proyectos generen” continúa Cano. “Los instrumentos de política actuales son más bien restrictivos y, los marcos normativos vigentes, son interpretados de manera sesgada, especialmente en el plano discursivo por parte de actores gubernamentales de nivel nacional y provincial, lo cual genera desconfianza a la hora de invertir tiempo, dinero y energía en el desarrollo de este tipo de proyectos de importante impacto ambiental, social y económico”.
Hoy la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) está conformada por aproximadamente 30 empresas, personas e instituciones enfocadas en el sector forestal argentino, pero con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador. De hecho, sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país.
Efectivamente, en Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes, en 20.000 hectáreas aproximadamente y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2 de los cuales ya se llevan mitigadas más de 500,000 tn. de carbono. Hoy existen proyectos en desarrollo y certificación por una superficie de más de 90.000 hectáreas por distintos miembros de la MCFN, lo cual equivale a más de tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Las soluciones
El mundo se enfrenta a un tremendo desafío: no sobrepasar los 1,5/2°C de calentamiento global durante el siglo XXI, por las graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y climáticas que traerá aparejado este aumento de la temperatura, a menos que se logren reducir profundamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de forma urgente. En este contexto, y como fruto de la implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los mercados de carbono surgen en el mundo como una vía para canalizar financiamiento, principalmente privado, para la acción climática. Es un mecanismo que busca ser complementario y económicamente viable al compromiso asumido por muchos países, empresas e individuos para disminuir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático que está sufriendo el planeta y con los consecuentes impacto negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales.
Los mercados de carbono son sistemas en donde gobiernos, empresas e individuos pueden comprar y vender unidades (créditos), ya sea para respaldar las emisiones de GEI o bien para compensarlas. De esta manera se busca, mediante mecanismos de mercado, generar incentivos para la captación o disminución de emisiones, volviéndolo viable económicamente. “Hoy hay una gran demanda de proyectos de captura y reducción de emisiones por parte de empresas que quieren equilibrar su huella de carbono, especialmente orientada a soluciones basadas en la naturaleza. La oferta de este tipo de proyectos está muy por debajo de la demanda internacional, lo cual se presenta como una oportunidad para atraer inversión en este sector. Esta inversión implica no sólo réditos económicos para los titulares de las tierras sino para los trabajadores necesa rios para el desarrollo y el mantenimiento de estos proyectos y para las comunidades locales, además de los beneficios ambientales locales y globales ya mencionados” comenta Juan Pedro.
“En nuestro país, el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del cambio de uso de la tierra y la silvicultura, es decir de la pérdida y degradación de los bosques y su uso intensivo”. Es por eso que los bosques son clave en este contexto: brindan importantes funciones de la naturaleza para la sociedad, contribuyen a la seguridad hídrica mediante la regulación del ciclo del agua, mitigan fenómenos extremos de inundaciones y sequías, preservan los suelos contra la erosión y purifican el aire, y son centrales para la biodiversidad y la preservación de flora y fauna. Asimismo, en relación al cambio climático cumplen un destacado rol en la regulación de temperatura y en el almacenamiento de carbono. “Es por ello que, los proyectos de captura o reducción de emisiones de carbono son una opor tunidad para generar ingresos económicos a quien, por ejemplo, conserve, haga un uso mejorado o restaure o reforeste bosques. Ante la necesidad de conservar, recuperar nuestros bosques y ecosistemas, este mecanismo se presenta como una alternativa o complemento económico para el sector agroforestal, y de esta manera, una vía para aportar al logro de los compromisos de reducción de emisiones de los países signatarios de la CMNUCC, como lo es Argentina” expresa Cano.
Argentina
En términos de proyectos registrados, de los 11.800 proyectos registrados a nivel global, tan sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0.5% del total de ellos. Ello refleja que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen, y a pesar de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.
“En comparación con la distribución sectorial a nivel global, en Argentina existen actualmente sólo 2 proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo, lo cual representa el 3% del total de proyectos certificados en el país. La mayor parte de los proyectos certificados hasta el momento en Argentina son de los sectores de las Energías Renovables, Producción Industrial y Gestión de Residuos. Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a mismos estándares, pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una certificación internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usu arios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones” interpreta el ejecutivo.
En tal sentido, a la hora de proyectar posibles abordajes para realmente promover el desarrollo de los mercados de carbono en Argentina, se considera que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible. “Se recomienda la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen. Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras, como as&iac ute; también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen. Por otro lado, acciones que permitan reducir costos serían un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña escala. Sumado a todo esto, es necesario haya claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal (nivel nacional y nivel provincial) dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono” manifiesta el directivo.
