En la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Municipal de Rosario se llevó adelante el análisis de la iniciativa “Motos Seguras”, presentada por el concejal Lisandro Cavatorta del Frente de Todos. La misma busca crear el programa junto con un registro especial de repartidores titulares de moto-vehículos que manifiesten voluntad de adherirse al mismo. Esta idea fue ingresada luego de recibir el aval de los propios cadetes.
En concreto, Cavatorta propuso la creación del programa “Motos Seguras”, que consiste en la instalación de rastreadores satelitales con seguimiento (GPS) en las motocicletas que se utilizan para delivery. A favor de la iniciativa argumentó que en el último tiempo ha crecido el robo de sus motos como así también de su caja de reparto, las que luego son usadas por los delincuentes para cometer delitos “camuflándose” como repartidores.
Aquellos que quieran ser parte de este programa deberán inscribirse en un registro especial que les permitirá saber las 24 horas. los 365 días del año, en qué lugar se encuentra su moto. Además, contarán con un botón de pánico a través del cual podrán solicitar presencia policial urgente y emergencias médicas, entre otras cuestiones.
La Municipalidad subsidiaría el 100% del costo de compra e instalación de los rastreadores, mientras que los beneficiarios del programa “Motos Seguras” se harían cargo del abono mensual.
Por su parte, la edila Nadia Amalevi de Arriba Rosario, informó sobre dos reuniones que la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana realizó; primero presencial con cadetes y otra virtual con una persona representante de la empresa Rappi, “donde los primeros manifestaron voluntad de hacer un registro, pero esto corresponde a la empresa”.
Respecto a la seguridad, la edila comentó que “desde la empresa manifestaron que ellos desarrollaron un software tanto en Chile como en Colombia que se anexa a la moto para la geolocalización, pero acá encontraron incompatibilidad con el 911” y agregó: “Hay un proyecto de ley provincial con media sanción para gravar ingresos brutos a estas empresas y costear este servicio”.
Sobre esto último, Irizar completó: “Nuestro proyecto de ordenanza en el Concejo obliga a estas empresas a habilitarse y pagar el Derecho de Registro de Inspección DREI, que actualmente no lo están haciendo”. Y compartió “Una cosa es como ciudad monitorear a los servicios públicos, pero acá hay empresas multinacionales que deben asumir la situación”.
Finalizando el debate, la comisión no ofreció los votos necesarios para que pase al recinto, pero decidió dejar en estudio la iniciativa y tomó una propuesta del edil Pedro Salinas de Ciudad Futura para “conocer si existió una reunión entre esta empresa que se presta a implementar un software y las autoridades ministeriales y como segunda medida sentar a las otras empresas, que están por fuera de esto, para informarles que deberán financiar ese mismo sistema”.
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