El Foro Regional Rosario organiza un ciclo de charlas titulado “El Rol del Sector Privado en la Seguridad”, enmarcado en los reiterados episodios de violencia que ocurren en la ciudad, a los que se suman las extorsiones a comerciantes y empresarios. Bajo esta premisa, disertarán desde las 18.30, Aníbal Píneada, representante de la Justicia Federal Argentina; Arturo Lujan Olivas, director de FICOSEC, entidad del sector empresario mexicano, del Estado de Chinuahua, que lleva adelante proyectos de seguridad mediante la constitución de fideicomisos administrados por el sector privado; y El Dr. Miguel Garza, director ejecutivo de Insyde México, organización de la sociedad civil que desarrolla procesos de transformación y modernización policial en México y otros países de América Latina y el Caribe.
En la previa del encuentro que se desarrolla de manera virtual, Miguel Garza dialogó con el periodista Marcelo Fernández en CNN Radio Rosario y contó la experiencia del acompañamiento del sector privado en las fuerzas de seguridad. “Los empresarios decidieron impulsar un impuesto para que ese dinero vaya directo a Seguridad y Justicia y esa es la clave, participar de manera activa”, definió el mexicano.
Garza reconoció que en el país de América del Norte también existe la modalidad de extorciones a empresarios y “no se puede saber el número exacto de la cantidad, pero sí que los más afectados son los empresarios y sus familias”. Así fue como, sumada a la violencia narcocriminal que azota el país, cinco Estados mexicanos aplicaron este gravamen para participar activamente de las decisiones en la materia.
“Los empresarios proponen una tasa, pagar un porcentaje más para que el recurso vaya a un fideicomiso donde los ciudadanos toman las decisiones junto a los funcionarios”, sostuvo el director ejecutivo de Insyde México, una asociación civil pronta a cumplir 20 años que promueve “reformas en la policía, prevención de violencia, acompañamos a instituciones de Seguridad y Justicia para el fortalecimiento institucional”.
Como ejemplo de esta modalidad contó que en el estado de Chihuahua este fideicomiso está integrado por 10 empresarios y 4 funcionarios: “Ellos pueden decidir sobre mejorar los procedimientos en la Policía o Fiscalía, pero lo más importante más allá de la inversión, es que hacen presión social a partir de esa posición y pueden influir en decisiones del área. Se volvieron un actor clave”.
Según el mexicano, “esto funciona muy bien porque da mucha confianza y la Policía lo toma muy bien. No es magia, pero sí en Ciudad Juárez (una de las localidades más afectadas por la narcocriminalidad) se presentó una mejora importante”.
