En igual sintonía que el empresario Ricardo Griot, titular de Grupo Pecam y directivo de la Cámara Argentina de la Construcción, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario ven con buenos ojos la nueva ley de blanqueo de capitales enfocada en la construcción privada de obras nuevas o con un avance no mayor al 50%. “Tendría que tener un impacto favorable”, afirmó a ON24 el presidente de la institución local, Andrés Gariboldi.
La entidad sostiene que la prórroga de esta medida, que se reglamentó esta semana, incentivará las inversiones en nuevos proyectos y servirá de motor para la reactivación del aparato productivo y de la economía real a partir del derrame de recursos que genere.
Es que, según un estudio realizado en 2021 por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Rosario, una construcción de 10.000 metros cuadrados de vivienda colectiva genera 2.098 puestos de trabajo. El informe señaló también que por cada peso invertido en la construcción privada y de vivienda, retornan $2,2 a la economía local, lo que redundaría, a su vez, en un incremento importante de la recaudación fiscal.
Para Gariboldi, esta ley “llega en un momento en el que los valores de construcción como de terminaciones se encuentran en un piso histórico”. Y explicó: “Desde el punto de vista inmobiliario, Argentina hoy está barata en dólares, sobre todo en comparación con los países de la región; los precios se perforaron y más de esto no van a bajar, por lo que posiblemente encontremos, de forma gradual, un punto de inflexión” con esta medida, subrayó.
Si bien apuntó que hoy la demanda para el segmento de la compra-venta está “amesetada y expectante”, recalcó que “hay pocos lugares hoy para poder refugiar el dinero en pesos, por lo que esta ley tiene su atractivo”.
El decreto que la reglamentó determinó que el impuesto especial que establece la ley deberá establecerse sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a una cuenta especial. En base al esquema aprobado, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta un plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5%.
En tanto, para los bienes ingresados desde el día siguiente de vencido primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será del 10%, y para los declarados desde el vencimiento del segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, la alícuota será del 20%.
Gariboldi resaltó que “aquel que termine cambiando dólares en el mercado financiero para pagar el 5%, terminará pagando, en realidad, un 3%, porque paga un impuesto sobre los dólares depositados al valor del oficial”, indicó y consideró que Santa Fe, al adherir a la normativa, debería contemplarse la exención de Ingresos Brutos sobre el monto a blanquear.
REDACCIÓN ON24
