La trama en torno al proceso judicial y de default que engloba a la empresa agroindustrial Vicentin sigue sumando nuevos capítulos, que enmarañan un esquema que parecía camino a resolverse antes de este jueves 30 de junio si la respuesta de los bancos internacionales, a la propuesta que cursó la compañía meses atrás, era positiva, como se espera.
Este lunes, se conoció el fallo del juez Carlos Vera Barros, que, en respuesta al pedido de organización llamada Red Argentina de Consumidores, dispuso que provisoriamente se suspendan los efectos de los contratos celebrados entre los interesados estratégicos (ACA, Viterra y Bunge) y Vicentin SAIC, según informó ayer La Capital.
Esto se suma a la intervención del concurso por parte de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, la semana pasada, la intención nuevamente del gobierno de participar en la empresa defaulteada, tras un intento fallido en 2020, y lo que fuentes allegadas a la causa entienden es una “operación desleal” de la firma Grassi, acreedora de Vicentin.
“Se entiende una acción planificada para sabotear el concurso de un acreedor enojado como Grassi, pero que el gobierno todavía, después de los fracasos que tuvo y la impericia que tiene para manejar cualquier cosa, siga queriendo operar o construir un relato heroico es lo más insólito”, indicaron las fuentes a ON24.
En ese sentido, consideraron que “Grassi ha operado de una manera desleal y a contramano de los intereses de una mayoría enorme que le sirve la propuesta” elevada por la firma agroindustrial, pero subrayaron que, como contrapartida, la corredora “no tiene una propuesta fundada, porque si no, la hubiera dado a conocer”.
En ese marco, semanas atrás se produjo la detención de Omar Scarel, presidente del Directorio de Vicentín S.A.I.C., en su domicilio de Avellaneda, lo que las fuentes consultadas vislumbran como un “oportunismo” del gobierno para “reciclar el relato” sobre la empresa santafesina, que en su momento, emitió un comunicado en el que sostuvo que la detención era “absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida” porque “no encuentra ningún tipo de justificación”.
En el medio, subrayaron, “el accionar del presidente de la Corte (Rafael Gutiérrez) es muy raro”, pero destacaron que “es muy probable que en estos días se conozca la conformidad de los bancos internacionales”, por lo que ahora resta ver la determinación del máximo órgano judicial de la provincia: si le devuelve el expediente al juez Fabián Lorenzini, como reclama el equipo de constitucionalistas que representa a Vicentin, encabezado por Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli, y así terminar el concurso; o si deriva en un nuevo proceso jurídico, que puede llegar a la Corte de la Nación, según señalaron, “donde habrá que ver si se mantiene la administración actual o si fuerzan el cramdown, con las consecuencias que ya se advirtieron (quién mantiene a la empresa, cómo se garantizan los empleos y quién le paga a los acreedores)”.
Por su parte, el abogado Toricelli, que representa Vicentin, habló con CNN Radio Rosario y explicó que “acá hay un proceso en trámite, por lo que no hay ley en la provincia que avale esa situación (de intervención de la Corte) y tampoco hay antecedentes”. Además, remarcó que “Vicentin tampoco fue notificada de la medida, por lo que se efectuó el pedido para que se devuelva inmediatamente el expediente al Juzgado para que siga el trámite del concurso”. Y concluyó: “¿La Corte se va a avocar a un expediente y tramitar un concurso ante sus estrados? Es imposible. Otra cosa sería que la Corte revise una sentencia, por lo que todo lo que pueda venir ahora sería una creación jurisprudencial y estaríamos con un problema de reglas de juego distintas”.
Así, las fuentes consultadas trazan un manto de dudas sobre estos diferentes episodios que fueron surgiendo a pocos días de finalizar el concurso de acreedores. “No sabemos si está coordinado de manera orgánica (entre el gobierno, Grassi, la Corte y la Red), pero sí que les es funcional”, expresaron. “Vicentin está tratando de encontrar una solución para mantener los puestos de trabajo y la empresa siga funcionando, proponiendo entregar el 95% de sus acciones, pero si quiebra, los más perjudicados van a ser los acreedores y los empleados”, advirtieron.
REDACCIÓN ON24
