Esta semana dos proyectos de ley para modificar la norma 27.551, conocida como Ley de Alquileres, consiguieron dictamen favorable para ser tratados en el recinto. Por un lado, el dictamen de mayoría fue para el proyecto del oficialismo, mientras que el de la minoría fue impulsado por Juntos por el Cambio y acompañado por Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas.
Sin embargo, en las últimas horas un fuerte rumor amenazó el apoyo de la bancada santafesina del socialismo -Mónica Fein y Enrique Estévez-, sumado a otros legisladores de distintas provincias, por reparos en acompañar la iniciativa opositora, que también es defendida por los corredores inmobiliarios. “La verdad es que vemos al tema sumamente complicado, la semana pasada nos enteramos de que había un dictamen de la minoría que va a ser tratado en la Cámara de Diputados, con un alineamiento del Peronismo Federal, los socialistas y Juntos por el Cambio, pero apareció en algunos medios que los dos socialistas de Santa Fe, Estévez y Fein habían desestimado el apoyo. Vemos que la dirigencia está preocupada en otras cosas y no en la realidad de lo que está pasando en el tema alquileres”, apuntó el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), Andrés Gariboldi, en diálogo con ON24.
“Nosotros nos reunimos con Mónica Fein y Enrique Estévez y les dimos nuestra mirada con un análisis técnico y concreto con una explicación de cuál era el impacto positivo de la construcción en la economía y de ahí en más está en la mirada de ellos”, explicó el representante de los corredores inmobiliarios.
Molesto con la situación, Gariboldi aseguró que el Congreso Nacional “se preocupa por temas políticos y no por lo que realmente le pasa a la sociedad”. En este sentido, reafirmó la postura del COCIR: “El problema es que no se encuentran inmuebles para alquilar y si se encuentra, está carísimo. Esto se debe al plazo y la actualización del contrato de la ley vigente. No actualizar el inmueble por el término de un año es una locura en un país donde tiene una inflación del 60%. Eso hace que el que tenga un inmueble lo ponga a la venta porque no tiene ningún tipo de sentido cobrar lo mismo en enero que en diciembre”.
A lo largo del tratamiento el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo. El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos. También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler y otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.
Gariboldi analizó la iniciativa y sentenció: “El proyecto del oficialismo es una ley para cambiar y no cambiar nada. Los demás aspectos son pequeños incentivos que no son cruciales, si bien mejoran la situación no van a condicionar al propietario para que no venda el inmueble”.
Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año. Los bloques opositores también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones de pesos. Además, impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.
En cuanto a este proyecto, el representante del COCIR deslizó que “se podrían encontrar puntos de equilibrio como por ejemplo en vez de ajustes trimestrales pasarlo a cuatrimestrales, poner que los ajustes estén ligados a las paritarias. Hay que trabajarlo y conversarlo”.
Acto seguido arremetió contra dirigentes del oficialismo que plantean ‘no disminuir derechos’, entonces Gariboldi se preguntó: ¿De qué derechos hablas si no hay inmuebles para alquiler? ¿Si te encontras con valores alocados en un inicio de contrato?” y rápidamente agregó: “Lo que necesitamos para tener más derechos es más inmuebles, que la persona que busca un alquiler tenga 10 o 15 opciones, para elegir. Cuando vos pones un precio alocado con oferta la gente no lo convalida, pero cuando no tenes donde vivir terminas pagando eso”.
Por último, contó que Propia, la web del COCIR para vender y alquilar inmuebles cuenta con 56 mil unidades a la venta y unas 800 en alquiler, “cuando en realidad tendría que haber unas 8.000 para alquilar”. En este sentido recordó que en 2019 tardábamos en alquilar un inmueble tres meses, hoy con tres llamados lo reservan”.
