Organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, se desarrolló en Rosario la primera jornada del ciclo de debate sobre la economía del delito, que abordó el tema de las estructuras económicas criminales y sus principales consecuencias. Contó con la participación de Ricardo Gil Iribarne de Uruguay, Eduardo Blanco Álvarez y Ricardo Silberstein. Continuará el miércoles próximo en la ciudad de Santa Fe, con el eje “Lavado de activos, transparencia, cumplimiento normativo, y planificación fiscal y económica”.
Al abrir el encuentro que tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario, el presidente de la Cámara baja, Pablo Farías, señaló que “el crecimiento en escala y sofisticación que registra el fenómeno de la economía ligada al delito marca la necesidad de hablar de este tema para entenderlo, articular esfuerzos y dar respuestas. Por eso convocamos expertos de distintas disciplinas; porque para perseguir estos delitos hace falta profesionalismo y experiencia”.
En ese sentido, Farías advirtió que se trata de “un problema que requiere ser abordado de manera integral, comprometiendo a todos los actores”, y rescató el proyecto de ordenanza para la Detección de Lavado de Activos impulsado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, así como también las iniciativas de concejales de otros sectores políticos de la ciudad. “También hay propuestas presentadas en la Cámara de Diputadas y Diputados; es una buena oportunidad para llevar adelante un trabajo donde es fundamental la coordinación entre todos los poderes del Estado y los niveles de gobierno”, dijo.
Entre otras autoridades, estuvieron presentes Roberto Falistocco, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; Jorge Baclini, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación; Fernando Arrigo, fiscal general federal a cargo de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones de Rosario; Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados; y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. También asistieron las diputadas provinciales Clara García y Gisel Mahmud, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago; la jueza penal de Cámara y coordinadora del Colegio de Jueces Penales de 2° Instancia de Rosario, Bibiana Alonso; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta.
La actividad contó, asimismo, con el acompañamiento de colegios y consejos profesionales de toda la provincia, federaciones de mutuales, universidades públicas y privadas e instituciones intermedias vinculadas a la materia.
La diputada provincial Lionella Cattalini, quien impulsó proyecto de realización de las jornadas, destacó “la amplia convocatoria” del primer encuentro. “Habla de la necesidad de generar acuerdos a largo plazo para lograr una política de seguridad activa, que incluya la reforma de la justicia y la coordinación interestatal para prevenir el delito del lavado de dinero”, sostuvo.
“La complejidad del tema –agregó la legisladora-, nos obliga a ser inteligentes y actuar de manera estratégica para lograr una sinergia entre todas las instituciones del Estado y la sociedad civil, que nos ayude abordar los temas que la ciudadanía nos está demandando”.
ARTICULACIÓN, LA PALABRA CLAVE
“La lucha contra el lavado de activos requiere de mucha profesionalización y el Estado es el primer obligado para combatir este tipo de delito, pero solo no lo puede hacer. No hay soluciones mágicas; se necesita articular muchas cuestiones y hacerlo a largo plazo. Tenemos que ser capaces de pensar al margen de los gobiernos y los partidos políticos”, instó Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de Uruguay (2017-2020), organismo encargado de la lucha contra corrupción en el Estado; y ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2005-2010). “También es indispensable la participación de la sociedad civil, con sus actores y sus instituciones, para sostener esas políticas en el tiempo”, añadió.
A su turno, Ricardo Silberstein, ex ministro de Justicia de Santa Fe y ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR, apuntó a “la necesaria articulación entre abogados y contadores” para abordar el tema en cuestión. “Si queremos identificar un balance falso, la actuación de los contadores es fundamental, ya sea para no caer en arbitrariedades o para no fracasar. Sin un idioma en común es imposible investigar los delitos con empresas”.
En ese marco, Silberstein valoró el sistema acusatorio de Santa Fe, “que tiene una gran capacidad de persecución penal: lo demuestra el hecho de que todos los líderes de las bandas narcocriminales han sido apresados. Ahora el MPA necesita capacitarse en auditoría de gestión y esto exige una estructura altamente capacitada que no se logra sin los profesionales de ciencias económicas”.
En tanto, Eduardo Blanco Álvarez, especialista en investigaciones patrimoniales, financieras y económicas y fraudes contra el Estado, señaló algunas falencias en la órbita pública que obstaculizan o demoran las investigaciones: “Hoy no se puede solicitar a Inspección Jurídica de la Nación si Juan Pérez es accionista de una sociedad porque ese registro no existe como tampoco existe un registro nacional de bienes inmuebles. Hay que consultar a los organismos de las 24 jurisdicciones. Entonces es una pelea entre el crimen organizado y el Estado desorganizado”, graficó el experto, quien se desempeña como auditor en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Pese a ello, resaltó que “hay una gran cantidad de cuadros técnicos en el Estado; hay que poner un norte, formar equipos técnicos diferentes disciplinas y articular acciones entre abogados, contadores, escribanos e instituciones intervinientes”.
