Se propone crear el “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”, con el objetivo de transformar y convertir, de manera gradual y sistemática, los programas sociales en empleo genuino, como así también regularizar las situaciones laborales precarias favoreciendo la inclusión plena a través de la cultura del trabajo y dignidad de los ciudadanos.
Los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron un proyecto de ley en el Congreso para convertir planes sociales en empleo genuino generando capacitación laboral, cubriendo necesidades que surgen de los principales sectores productivos de cada región del país, y con la premisa de crear trabajo formal de calidad, mejorando la empleabilidad sin desproteger al trabajador.
Los legisladores proponen una ley que contempla la unificación de todos los planes sociales existentes en un único programa denominado “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”, con el fin de promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal del trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del Estado Nacional.
“Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”, dijo José Núñez.
El programa posee dos líneas de acción: línea de promoción para beneficiarios de planes sociales y línea de beneficios para empleadores que sumen a su nómina laboral a beneficiarios del programa.
Sobre el primer punto se destaca que aquel que perciba un plan social por parte del Estado Nacional se encontrará obligado a participar del Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad. Podrá elegir acorde al lugar de residencia, no podrá exceder las 20 horas semanales, y tendrá un máximo de 4 horas diarias por un plazo determinado. Una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejara de tener efecto.
Asimismo, todo aquel que perciba un plan social del Estado Nacional tendrá la obligación de hacer dos capacitaciones anuales dentro del plan federal de capacitación para la empleabilidad. El incumplimiento de dicha norma generará como consecuencia la baja automática del beneficio.
Concluida la capacitación, el beneficiario, automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses una pasantía laboral.
En la segunda línea de acción, se establece que las empresas que contraten a las personas tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonara por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
El objetivo de este proyecto no solo es capacitar y generar empleo, sino también generar un cambio cultural, ya que el proyecto contempla que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional y/o cortando el libre tránsito (sin autorización previa), será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.
El proyecto destaca que la autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas para maximizar la aplicabilidad de la presente ley. También, la Jefatura de Gabinete dispondrá los mecanismos necesarios para la creación de convenios con instituciones educativas y cámaras empresarias para la realización de las correspondientes capacitaciones, contenidos, plazos y lugares de las mismas. Las capacitaciones serán financiadas por la autoridad de aplicación asignando un monto de acuerdo al tipo de modalidad del sector.
El proyecto es acompañado por los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
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