Según KPMG, en las compañías con altos índices éticos se rinden cuentas hasta siete veces para evitar estas prácticas.
La mano negra, ilegal, corrupta, también está presente en las empresas y, ante esto, más de 650 directivos de 64 países respondieron acerca de qué se hace contra las prácticas de soborno y corrupción dentro de las organizaciones en una encuesta realizada por KPMG.
En la Argentina, por ejemplo, se pierde el 5 por ciento de los ingresos a causa de casos de corrupción interna. “En las empresas con altos índices éticos los empleados rinden hasta siete veces más que en una compañía donde se respira la corrupción, allí se pierde todo incentivo a permanecer en dicha firma”, explica Diego Bleger, Socio a cargo de Forensic Services de KPMG Argentina.
Las principales conclusiones del informe señalan que hay un fuerte aumento del porcentaje de encuestados que dice que hay un aumento del cuestionamiento empresario hacia estas prácticas en comparación con la última encuesta realizada en 2011.
Además, indica que a medida que las empresas se globalizan, la gestión con terceros plantean el mayor desafío para los programas de lucha contra el soborno y la corrupción, ocupando el primer lugar en términos de auditoría de terceros.
Mientras tanto, a pesar de la dificultad de controlar las relaciones comerciales con terceros, el 34 por ciento de los encuestados no identificó formalmente a un tercero de alto riesgo y el 56 por ciento no ha ejercido el derecho de auditoría sobre ese sector.
Otro dato relevante es que el 60 por ciento de las empresas indicaron management y adquisiciones son parte de su estrategia de crecimiento, pero el 31 por ciento manifestó no ser consciente de las consecuencias de no identificar estos riesgos durante la fase de adquisición. Como conclusión, se admite que una evaluación de estos riesgos es uno de los principales retos de sus empresas.
“Otro elemento importante para el estudio de KPMG es llevar adelante un constante análisis de los datos de la organización como herramienta para evaluar los controles internos. Sin embargo, sólo el 25% de los encuestados dijo utilizarla a pesar de que permite identificar prácticas ilegales. Y de ese porcentaje, menos de la mitad afirmó monitorearlos para detectar irregularidades”, arroja el informe.
