Ante la escalada de violencia en hechos de inseguridad, donde balaceras y asesinatos no dejan de suceder en la ciudad de Rosario, y la falta de respuestas por parte del Estado, el concejal de Juntos por el Cambio junto a la edil Verónica Irizar, del Frente Progresista Cívico y Social, decidieron presentar un proyecto de creación de una Agencia Municipal de Investigación contra el lavado de activos.
Rosúa afirmó en diálogo con CNN Radio Rosario, que un gran porcentaje de esa violencia están vinculadas a las organizaciones narcocriminales, donde hoy el 75% de los homicidios son planificados, es decir, detrás de todo eso hay una estructura logística y económica, y personas que están pensando, y dirigiendo el delito.
A partir de ello, la respuesta del gobierno nacional, provincial y de la justicia han sido siempre insuficientes. Entonces, por qué no involucrar a un municipio que está siendo particularmente castigado, y como, bueno, con lo que tiene; cercanía con el territorio, conocimiento de los actores y por sobre todas las cosas, contar con muchos datos que puedan permitir detectar incongruencias manifiestas en los casos de narcocriminalidad cuando la persona involucrada tiene, un enorme patrimonio y una nula o casi inexistente actividad económica registrada.
¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería el poder de policía? ¿Cómo estaría conformado?
Se dio un debate importante en la comisión de gobierno porque el Ejecutivo está con un proyecto similar en objetivos pero muy diferente en cuanto a la regulación, ya que quiere ir hacia el control de las inversiones que se realizan en la ciudad de Rosario. Para el edil es insuficiente y que puede trabar la actividad económica. Este proyecto consistiría en utilizar los datos que tiene el Municipio, como patentes, datos sobre las embarcaciones, inmuebles por el catastro, realizar convenios con las entidades que tengan registro de la actividad económica – Banco Central de la República Argentina, Afip, UIF – y a partir de ese entrecruzamiento de datos vinculados con los agentes responsables o denunciados imputados en la narcocriminalidad detectar todos estos casos y poder ver que una persona tenga bienes muy caros y a la vez una actividad patrimonial que lo pueda justificar.
Esto se pudo evaluar y chequear, en cada uno de los homicidios resonantes de los últimos tiempos, desde 2012 (desde el asesinato del “Fantasma” Paz manejando un auto de alta gama) hasta estos últimos dos casos, triple homicidio de Ibarlucea y el de Caminos con su bebé, que estaban también en autos muy costosos sin ningún tipo de actividad económica y viviendo en barrios muy carenciados; se confirma que en todos lados se repite la misma figura que es un triángulo; la narcocriminalidad por un lado, una persona que pertenece a la organización criminal y comercializa estupefacientes, una manifestación patrimonial muy importante por el otro e inexistencia de actividad económica registrada. Es inconcebible que se tengan esos datos a mano y no se utilicen, manifestó Rosúa. Y agregó, “procesar esa información y cuando se nota que esa evidencia es incongruente hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o de la Acusación”.
“Las respuestas que el Estado debería dar hoy no las está dando”, todo debería funcionar correctamente, la UIF, el Tribunal Federal, que el Ministerio Público Fiscal esté llevando adelante las denuncias, todo esto no está funcionando y la ciudad se está desangrando en hechos de violencia que se suceden todos los días, con el delito económico detrás.
La gente debería entender que no existirían todos estos homicidios si no existiese todo ese entramado económico de lavado de activos de origen ilícito que existe por detrás.
Un punto además importante es que este intento de solución legislativa es que no tiene costo alguno, porque la idea es tomar abogados, contadores y analistas de datos que hoy ya forman parte de la planta municipal, los que se van a entrenar en el entrecruzamiento de datos y el delito económico. Desde lo técnico, el Municipio está en una situación de cercanía, de conocimiento y de contacto con los datos que no lo tienen ni la provincia, ni la Nación y mucho menos la Justicia Federal o la UIF que están totalmente alejados de lo que pasa en la ciudad.
Hoy la provincia de Santa Fe no tiene un software moderno, actualizado y útil para “abrir” teléfonos secuestrados a los delincuentes, que son el 80% de una investigación. Investigar un celular brinda prácticamente todos los datos necesarios, como localización, conversaciones, contactos, etc. Las cámaras de seguridad son pocas, y con imágenes difusas. Tampoco existe el software de reconocimiento facial o un sistema de reconocimiento de patentes.
Seguramente este proyecto tendrá obstáculos, indica Rosúa, como el argumento de la Municipalidad que dice que se viola la ley de seguridad interior y dirán que no son competentes, pero la falta de competencia y la utilización del argumento de la autonomía municipal para no actuar es una conducta del Ejecutivo que está cometiendo un error grosero e intentar sacarse responsabilidades en un momento donde hay que tomarlas.
Hay una necesidad y urgencia de que se instale el sistema acusatorio en el Tribunal Federal y el gobierno nacional lo tiene absolutamente parado, también realizamos el pedido que se utilicen inhibidores de celulares en las cárceles, incompresible que los delitos se comanden desde la prisión. Hoy hay elementos tecnológicos que ayudarían a combatir la inseguridad con fondos que están sin ejecutar. Hay que dejar de patear la pelota para afuera y no seguir mirando para el costado.
Entrevista gentileza CNN Radio Rosario
