Prohibirán que menores manejen pesticidas

Marcando un hito en la historia del país, la Administración para la Protección Ambiental (EPA) prohibirá por primera vez que menores de 18 años puedan manejar pesticidas en tareas agrícolas, al anunciar este lunes un cambio regulatorio que fortalecerá las protecciones para los más de dos millones de trabajadores agrícolas en EEUU.
 
Durante décadas millones de trabajadores agrícolas y sus familias, incluyendo menores, han labrado la tierra pero a un alto costo para su salud y para la productividad económica del país.
 
Tras 19 meses de consultas con las partes implicadas, la EPA divulgó una revisión de medidas para protegerlos de la exposición a sustancias tóxicas, con la meta de reducir el riesgo de lesiones o enfermedades derivadas del uso de pesticidas en las granjas, bosques, viveros e invernaderos.
 
“Impacto tremendo”
 
En entrevista, la administradora de la EPA, Gina McCarthy, explicó que las medidas tendrán un “impacto tremendo” para los trabajadores y sus familias, porque suponen la mayor revisión de las normas en los últimos 20 años.
 
“Hubiese sido estupendo haber hecho esto hace 15 años, pero esta Administración lo hace ahora porque refleja las prioridades de proteger a todos todos los que viven y trabajan en este país, y este reglamento cumple con eso”, dijo McCarthy, quien asumió el puesto en julio de 2013.
 
“El Papa vino y nos dijo que tenemos responsabilidades (con la justicia ambiental) y estamos cumpliendo con éstas… por ejemplo, por primera vez estamos imponiendo una edad mínima de 18 años para el manejo de pesticidas, y eso es  increíblemente importante”, destacó.
 
Los empleadores agrícolas estarán sujetos a inspecciones, y a multas si surgen violaciones, si bien la EPA proveerá asistencia técnica y campañas de información para los trabajadores y sus patronos.
 
Según McCarthy, el costo anual de la implementación de estas medidas oscilará entre $150 para una granja pequeña y un máximo $340 para una granja de gran tamaño.
 
Tiempo de ajustesLas medidas actualizadas, adelantadas a este diario, se publicarán en el diario oficial del gobierno (Federal Register) en un plazo de 60 días, y la mayoría entrará en vigor aproximadamente 14 meses después.
 
La idea es darle tiempo tanto a los estados como a los productores agrícolas para ajustarse a los nuevos requisitos, mientras la EPA elabora nuevos materiales de capacitación.
 
Aplauden cambios
 
Hasta ahora, los trabajadores agrícolas no tenían la misma protección de la que gozan los de otros sectores, especialmente los que trabajan con sustancias tóxicas para ganarse el pan, y el anuncio fue aplaudido por diversos grupos y activistas.
 
Arturo Rodríguez, presidente del sindicato campesino “United Farmworkers of America” (UFWA), que desde la década de 1980 impulsó protecciones en los estados de California, Texas, y Washington, dijo que las nuevas medidas ponen fin a la continua “discriminación” y exclusión que han sufrido los trabajadores campesinos durante décadas.
 
“Estas regulaciones han tardado en llegar, pero ahora ya las tenemos”, afirmó. Por su parte, Andrea Delgado, activista de asuntos legales de “Earthjustice”, dijo que el anuncio da a los campesinos “una renovada esperanza en nuestro proceso democrático… los nuevos requisitos producirán condiciones laborales más seguras y beneficios de salud a largo plazo para los campesinos, los que manejas pesticidas, y sus familias”.
 
“En los próximos meses, estaremos cerciorándonos de que estas protecciones lleguen a los campos y comunidades que más las necesitan, y en el lenguaje que los trabajadores puedan entender”, afirmó Delgado.
 
El viernes pasado, el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, encabezó una carta del Congreso presionando para que la EPA divulgara ya el reglamento, que beneficiará a unos 2.4 millones de trabajadores, predominantemente latinos.
 
El peligro y costo de los pesticidas
 
Los pesticidas ayudan a tratar o prevenir enfermedades en los cultivos pero, al mismo tiempo, los trabajadores sufren un alto riesgo de lesiones y enfermedades –como cáncer, problemas respiratorios, o defectos congénitos en sus hijos-, por lo que terminan perdiendo salario y afrontan altas facturas médicas y, en el caso de jóvenes, pérdida de clases.
 
La EPA calcula que cada año se reportan entre 1,800 y 3,000 incidentes de exposición a pesticidas, pero esa cifra es baja porque muchos trabajadores no los denuncian por temor a represalias, segúnMcCarthy.
 
Además, las enfermedades crónicas relacionadas con el uso de pesticidas le cuestan anualmente a la economía entre $10 millones y $15 millones, una cifra también por debajo del verdadero total si se reportaran todos los incidentes.
 
Según el grupo “Farmworker Justice”, un estudio sobre envenenamiento agudo por pesticidas entre 1998 y 2005, indicó que un promedio de 57.6 de cada 100,000 campesinos afronta envenenamiento, lesión o enfermedad por exposición a pesticidas cada año.
 
Esa cifra no incluye a quienes tienen otros problemas crónicos como cáncer, infertilidad y diversos trastornos neurológicos.
 
Cambios principales a la regulación agrícola:
 
Requisito de edad mínima, que prohíbe por primera vez que menores de 18 años manejen pesticidas.
 
Capacitación anual obligatoria, en vez de cada cinco años, para educar a los trabajadores sobre sus protecciones.
 
Más instrucciones, incluso en español, sobre cómo reducir la exposición a pesticidas que cargan en su ropa de regreso a casa.
 
Amplía uso de letreros que prohíban la entrada a sitios con los pesticidas más peligrosos, hasta que los residuos bajen a un “nivel seguro”.
 
Zonas de exclusión de hasta 100 pies en los equipos de aplicación de pesticidas, para proteger a los trabajadores del rocío y los vapores tóxicos.
 
Exige que los empleadores ofrezcan a los trabajadores del campo y sus representantes más de una manera de acceder a la información sobre el uso de pesticidas y su seguridad.
 
Exige que los estados mantengan, por un mínimo de dos años, todos los expedientes relacionados con el uso de pesticidas, y posibles violaciones de las regulaciones.
 
Prohíbe represalias contra trabajadores que denuncien violaciones, e impone multas o sanciones.
 
Mejoras en el uso de máscaras y demás equipos de protección personal para los trabajadores.
 
Precisa la cantidad de agua para el uso de higiene personal, lavado de ojos en caso de emergencia y otros métodos de descontaminación, y sistemas de enjuague de ojos en sitios donde se mezclan o se cargan los pesticidas.
 
Mantiene la exención para dueños de granjas y sus familiares inmediatos. (Fuente: NY)
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