Participación del Estado en la renta agrícola: 94,1%
El índice FADA del mes de Septiembre registra otro récord de participación del Estado en la renta agrícola argentina. Termómetro del campo. Explicaciones e impactos de este dato.
Que el Estado participe del 94,1% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación) y los costos de intervención (efecto ROEs en trigo y maíz), representan $94,10 de cada $100 que genera de renta una hectárea promedio en Argentina.
La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.
La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando los por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.
El incremento de la participación del Estado con respecto al 93,5% de junio de 2015 y al 81,7% de hace un año, se debe a la combinación de factores como la caída de precios de las commodities agrícolas y a que la devaluación fue menor al incremento de costos.
En el último año, la soja cayó un 18,6% en dólares, mientras que el maíz bajó apenas un 0,6% (había bajado anteriormente) y el trigo bajó un 20,4%; al tiempo que la devaluación fue del 11%. Es decir, en el caso de la soja, el precio en pesos bajó un 10% mientras que los costos se incrementaron un 17,5%. Cabe aclarar que la caída de precios se viene dando desde 2012 y el atraso cambiario (devaluación menor a la inflación) ocurre prácticamente todos los años desde el 2004. Este atraso cambiario también complica a todos los sectores exportadores del país.
Por el problema de rentabilidad que esta situación ha generado en los últimos años, sólo paliado por el récord de cosecha, el valor de los alquileres de campos se han ido negociando a la baja. Principalmente, porque es el único ítem susceptible de bajar ya que no lo hacen los impuestos ni los costos. Por ello, para esta medición se ha relevado una baja promedio de entre el 20% y el 30% en el valor de los arrendamientos medidos en quintales de producto, por lo que si consideramos la caída del valor de los productos, en pesos, esta caída es incluso mayor.
La baja de los alquileres permite atenuar los números rojos del campo argentino, pero no alcanza para que el resultado después de impuestos en campo alquilado sea positiva. Para la hectárea promedio, con la superficie ponderada de soja, maíz, trigo y girasol, el resultado es de -$302 por hectárea, mientras que en campo propio es de +$227, representando menos de un 20% del promedio de los últimos 8 años.
La causa de esta pobre rentabilidad, además de la baja de precios, que llevan más de un 40% de caída desde los máximos, es la existencia de los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones (ROE), ambas medidas que los países competidores de Argentina no poseen. Para graficarlo, el trigo tiene un derecho de exportación del 23%, pero por efecto de los ROE vale en el mercado interno U$D 35 menos de lo que debería valer (costos de intervención). Por esta razón, el productor de trigo termina recibiendo en Argentina un 58% del precio internacional. Algo muy similar ocurre con el maíz, en lugar de ser el 58% es el 59%. Mientras que recibe un 65% en el caso de la soja. Un productor en Uruguay o Brasil recibe un valor más cercano al 100%.
Estos datos, más allá de ser una mala noticia y un problema para los productores agropecuarios, generan un efecto negativo trascendente para la sustentabilidad del sistema productivo agrícola. Esto porque cada vez se rotan menos los cultivos, sembrándose más soja y menos trigo y maíz. Esta menor rotación genera pérdida de carbono en el suelo y malezas resistentes a herbicidas, que a su vez requiere que se apliquen más agroquímicos.
Pero además de ser una mala noticia para los productores y para el suelo, debería ser una preocupación para las economías y el empleo del interior, ya que la dinámica de la construcción y el comercio dependen en gran medida de los recursos genuinos originados en el suelo argentino.
