“Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, dijo la entidad en un comunicado.
Para CIARA, el gobierno “tenía opciones diferentes al castigo impositivo, que están dadas por la coyuntura internacional de la suba de precios. Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1330 millones de dólares (fuente Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”.
Como opción alternativa, la Cámara entiende que también podían abrir nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional esta garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
“Sin embargo, el gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional. Toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”, lamentó CIARA.
Recordó además que cada barco de aceite de soja exportado, el Estado es dueño del 46% de su valor y ahora se queda con una porción mayor (FADA 2021).
“La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto”, advirtió.
“El 46% de la carga de un barco se la queda el Estado”, Gustavo Idígoras, Pte CIARA-CEC
Gentileza CNN Radio Rosario
