¿Por qué las cámaras de video-vigilancia pública tienen un alto porcentaje de fallas?
¿Por qué ninguna pudo asistir a la justicia en los robos a los Bancos Francés, Macro y Municipal?
En muchos casos policía y justicia recurren a las cámaras privadas instaladas en comercios y empresas de la zona del delito para su investigación. ¿Por qué esos dispositivos sí funcionan?
Evidentemente es una cuestión de mantenimiento, un servicio que se contrata por lo general “en paquete” con la compra de un equipo.
En el caso de las cámaras municipales la empresa que realiza el mantenimiento es Global View, adjudicataria de esa función por licitación. El costo político que está pagando el gobierno municipal por el mal desempeño de las cámaras es alto y debiera traducirlo en una dura sanción para la empresa prestadora del servicio. Pero la mala praxis no tiene sanción y los escándalos por el mal funcionamiento se sostienen a poco tiempo de su instalación en el 2012.
Fuentes cercanas a la problemática de la seguridad sostienen que habría una deuda pendiente con la empresa, condición que no habilitaría a la municipalidad a la aplicación de una sanción por falta de cumplimiento.
Lo cierto es que sea por falta de pago o incumplimiento de parte de la adjudicataria ponen al gobierno municipal en una situación irregular que se sostiene con impunidad en el tiempo.
La negativa por parte del ejecutivo sobre la veracidad de las acusaciones de concejales de la oposición que vienen apuntando el mal funcionamiento, quedó desdibujada con las afirmaciones de los fiscales a cargo de los homicidios cometidos en la ciudad. Por caso el fiscal de homicidios Miguel Moreno que investiga el asesinato de Diego Adrián Godoy ocurrido en Donado y Eva Perón, se encontró con que el domo con la cámara de video vigilancia que está instalado en ese lugar no funcionaba en el momento que se produjo el hecho.
Consultado el concejal Diego Giuliano, Titular de la Comisión de Seguridad señaló: “cuando presentamos el proyecto de incorporar las cámaras privadas que miran a la vía pública al sistema de monitoreo la municipalidad lo rechazó y ahora la forma de resolver el caso “Escobar” es a través de una coordinación artesanal de cámaras privadas que hace la investigación judicial”.
La desinformación que admiten los concejales, tienen en relación a la situación de las video cámaras municipales es llamativa: abundan los pedidos de informes sobre el criterio de ubicar las cámaras y las condiciones de mantenimiento, pero aseguran no recibir respuesta alguna sobre el tema.
El otro punto cuestionable, en este caso, desde el PRO es la descentralización del sistema de monitoreo, actualmente a cargo de la GUM, el 911 y el Centro de la Movilidad. “Es una verdadera ensalada. Nosotros proponemos un Centro único de control y coordinación”, explica el concejal electo Gabriel Chumpitaz.
El panorama es desolador y violentamente contrastante con el impecable desempeño de las cámaras que registran las infracciones de tránsito.
REDACCION ON24
