Los cuestionamientos al uso de productos para la protección de cultivos en comunidades históricamente relacionadas con la agricultura obligan a afianzar la relación entre el sector productivo y la sociedad.
El debate amplio sobre el aporte de los fitosanitarios a la eficiencia productiva y la calidad de los alimentos, y su impacto en el ambiente y la población, es una de las cuentas pendientes de la Argentina.
“El manejo de las plagas no es un capricho, su fundamento principal es la conservación de la calidad de los alimentos; el segundo objetivo es el de los rendimientos”, afirmó Alicia Cavallo, del Departamento Protección Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y agregó que “uno de los métodos más eficientes para llevarlo adelante es el uso de productos para la protección de cultivos específicos y aplicados correctamente”.
En tanto, resaltó que “no usar ningún tipo de control puede llevar a la pérdida total del cultivo o problemas en la calidad” de graves consecuencias para el consumo humano. Como ejemplo, Cavallo señaló los “hongos como el fusarium que puede quedar en la semilla del maíz, es tóxico por si mismo y cancerígeno”.
El impacto ambiental
Para la especialista, los primeros plaguicidas sintéticos ingresados al país a partir de la segunda guerra mundial y los que hoy se emplean en la agricultura son “prácticamente el día y la noche. Además, la mayoría de los que se utilizan en forma masiva son productos cuya clase toxicológica mejora día a día”.
En su visión, la polémica por el uso de los productos para la protección de cultivos proviene de “personas que no son especialistas en la materia y construyen teorías alejadas de lo científico, muchas veces influidas por posiciones ideológicas que terminan demonizando el tema”.
A esto se suma el descreimiento de los estamentos públicos.“Si no le creemos a los organismos de control, a los organismos internacionales, a la Organización Mundial de la Salud ni a la FAO, la situación se vuelve anárquica porque no se reconoce ningún tipo de autoridad”, razonó Cavallo.
Esto lleva a “la creencia de que todo lo químico es tóxico y todo lo natural es santo. Esa dicotomía asusta a la gente y ahí se crea el movimiento anti fitosanitarios, que es lo grave”, afirmó.
Como contrapartida, propone cambiar el temor por conocimiento. Por ejemplo, algunos herbicidas que se aplican al suelo corren peligro de llegar a las napas superficiales si se aplican en dosis muy altas, tal como ocurrió con la atrazina en Europa donde los inconvenientes se debieron a las exageraras dosis que aplicaban en suelos no aptos para soportarlas”. Entonces, el producto percolaba en el suelo y se dirigía a las napas, en algunos casos muy superficiales. “Pero si se aplica con la dosis correcta y en la forma que se debe aplicar no debería haber inconvenientes.
Con respecto a las responsabilidades, Cavallo subrayó la necesidad de que las aplicaciones de fitosanitarios sean supervisadas por profesionales. “Un plaguicida no puede ser aplicado por cualquiera. Para eso están los ingenieros agrónomos que estudian toda una carrera para hacerse cargo. La profesionalización de las actividades relacionadas con los fitosanitarios es fundamental”, aseveró.
Hacerse cargo
Además, la ausencia de un marco legal a nivel nacional lleva a la disparidad de criterios, desorden y la falta de control en muchos distritos. “Acá en Córdoba está la Ley (Nro. 9.164/04) y hay muchos inspectores en los campos. Se exige la receta agronómica para la aplicación de fitosanitarios, se aplican sanciones y se secuestran máquinas si no cuentan con la habilitación del operario y de las mismas pulverizadoras”, destacó Cavallo. De todos modos, “no se pueden emplear productos de categoría I yII a menos de 500 metros de los centros poblados, eso es una restricción muy alta”, analizó, resaltando que “quedan muy pocos productos que si se pueden utilizar en las zonas aledañas a los pueblos” en ese radio.
En cuanto al temor de las comunidades, Cavallo entiende que “si la gente está informada de lo que va a pasar, no tiene miedo”. En ese sentido, destacó que las empresas deben afianzar la relación con la sociedad, desde las universidades y colegios agrotécnicos hasta las poblaciones rurales. “Si las personas estuvieran bien informadas, si supieran bien de que se tratan los productos para la protección de cultivos, aceptarían mucho más su uso”, finalizó.
Autora: Alcira Cavallo – Casafe
